Somos Poder Popular condena interceptación de la caravana de la Comisión Negociadora de las FARC-EP en Antioquia

Escrito el 25/07/2024
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El Movimiento Político Somos Poder Popular ha expresado su enérgica condena ante la interceptación de los vehículos que transportaban a la Comisión Negociadora de las FARC-EP - EMC en el departamento de Antioquia, un incidente que consideran una grave arbitrariedad por parte de miembros de la fuerza pública. 

Según el movimiento, esta acción es inaceptable ya que las negociaciones de paz con el Gobierno Nacional están basadas en la confianza y en principios éticos, políticos y jurídicos que deben ser resguardados. Además, señalaron que se vulneró el esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, poniendo en riesgo a sus miembros y a los custodiados.

El jefe negociador del gobierno, Camilo González Posso, aclaró que la caravana había sido debidamente autorizada y expresó su esperanza de que se resuelva pronto el levantamiento de las órdenes de captura de alias ‘Firu’, que actualmente está en trámite.

El Movimiento subrayó que el incidente representa un obstáculo para el proceso de paz en Colombia, y criticó a figuras políticas como el gobernador Andrés Julián Rendón y el congresista David Luna, acusándolos de sabotear los esfuerzos de paz en el país por motivos económicos y políticos. 

Asimismo, hicieron un llamado al poder judicial y al ente acusador para que tomen medidas contra quienes están actuando en contra de la política nacional de paz y la Constitución. “La paz es un derecho que nos asiste como sociedad”, afirmaron, instando al gobierno a sancionar estos actos de desacato y a garantizar que no se repitan.

La declaración concluye con un firme llamado a cesar el sabotaje a los esfuerzos de paz en Colombia, enfatizando que la paz no solo beneficia al país, sino también a toda la humanidad.


"El Movimiento Político Somos Poder Popular condena la interceptación de la caravana de la Comisión Negociadora de las FARC-EP en Antioquia, calificando el incidente como una grave arbitrariedad que pone en riesgo el proceso de paz en Colombia y demanda acciones del gobierno y el poder judicial para garantizar la continuidad de las negociaciones."

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