En las profundidades de la Antioquía, entre las cordilleras central y occidental, yace una comunidad indígena que ha resistido tenazmente el exterminio sistemático impulsado por el Estado. En los municipios de Toledo y Sabanalarga, una etnia indígena arraigada al territorio ha enfrentado una lucha desigual desde los años 90, cuando se iniciaron los intentos por hacerla desaparecer. El asesinato en 1997 del último cacique, Virgilio Suserquia, marcó un punto crítico en esta estrategia de desalojo de las familias que habitaban las riberas del río Cauca, donde más tarde se erigiría la hidroeléctrica Ituango. Este suceso desencadenó un etnocidio, evidenciando la falta de interés del Estado por el reconocimiento y protección de estas comunidades.
En localidades como Brugo, Palo Blanco y El Moral del Toro, los habitantes luchan por la defensa de sus tierras, la recuperación de su cultura, la autonomía y la preservación de su identidad. Es en estas comunidades desplazadas y vulnerables donde surge el Cabildo Indígena, destacando mediante asambleas constituyentes el valor de la protección de su cultura, amenazada de extinción. Además, promueven la paz y el desarrollo a través del trabajo asociativo y comunitario.
Estas comunidades claman al gobierno nacional para que proteja sus derechos, amparados por la Constitución y la Ley 86, que otorga especial protección a estas poblaciones vulnerables. Es imperativo que se reconozca su existencia, se respete su autonomía y se les brinde el apoyo necesario para garantizar su supervivencia y desarrollo en armonía con su entorno natural y cultural.