En las subregiones Norte, Nordeste y Bajo Cauca de Antioquia, se ha registrado un alarmante incremento en el riesgo y las violaciones de los derechos humanos desde 2019, con la presencia creciente de grupos paramilitares, su conexión con la fuerza pública y la falta de protección por parte del Estado a comunidades vulnerables.
Las denuncias presentadas revelan la avanzada de los grupos paramilitares sobre territorios antes controlados por guerrillas, así como los vínculos financieros entre paramilitares, la fuerza pública, multinacionales y políticos corruptos. Además, se ha señalado la actuación contraria a los derechos humanos por parte de ciertas divisiones del Ejército Nacional, generando una grave preocupación en cuanto a la seguridad y el bienestar de la población civil en la región.
"Enfrentamos una crisis humanitaria en Antioquia que exige una respuesta inmediata y contundente en defensa de los derechos fundamentales y la seguridad de nuestras comunidades vulnerables."
Ante esta situación, se exige la investigación y sanción de militares involucrados con grupos paramilitares, la garantía de no repetición de estos hechos, la aplicación de mínimos humanitarios y el desmantelamiento total del paramilitarismo. Estas medidas son consideradas fundamentales para salvaguardar los derechos fundamentales y la seguridad de las comunidades y sectores sociales vulnerables históricamente afectados por la violencia en la región.
Se destaca la importancia de seguir procesos de diálogo para evitar tensiones y conflictos en el territorio, así como la necesidad de defender el derecho de las comunidades campesinas a permanecer en sus tierras en condiciones dignas y seguras. Se alienta a otras organizaciones a unirse en la denuncia, investigación y promoción de alternativas legales y políticas para construir un territorio democrático y libre de violencia. En este sentido, se hace un llamado a la acción urgente del Ministerio Público y se reitera el compromiso de los campesinos y campesinas en la lucha por sus derechos y un territorio libre de represión armada militar, aclarando que son pobladores campesinos y no criminales ni narcotraficantes. El documento proporciona información de contacto para notificaciones y colaboración con autoridades y organizaciones.
